
Gabriel Boric promulgó la ley que legaliza el cannabis medicinal y eleva las penas al narcotráfico, luego de sortear un requerimiento de inconstitucionalidad impulsado por la oposición.
El presidente de Chile Gabriel Boric, promulgó la llamada «ley Antinarcotráfico» que aumenta las penas contra quienes provean drogas a terceros, especialmente si son niños, incorpora más actividades a fiscalizar para evitar el lavado de dinero y legaliza el cultivo de cannabis medicinal para uso personal, entre otras iniciativas.
Boric tuvo palabras para los cultivadores de cannabis medicinal. “Tras una larga lucha de los usuarios de cannabis medicinal en Chile esta ley permite su cultivo para el tratamiento de enfermedades. Es importante, esas personas no son delincuentes. Seguramente las han conocido a lo largo y ancho del país”.
El presidente chileno reafirmó que el cultivo será permitido “siempre y cuando sea para uso personal indicado por el médico y bajo receta”. También llamó a la sociedad “a diferenciar y centrar los esfuerzos del estado en la persecución de los verdaderos delincuentes. Con esto queremos concentrar esfuerzos y recursos para perseguir a quienes delinquen y son peligrosos y no a quienes cultivan cannabis para fines medicinales”, concluyó Gabriel Boric.
El Gobierno de Boric aguardaba por la definición del Tribunal Constitucional para poder proceder con la promulgación de la denominada Ley Antinarcos.
El Tribunal Constitucional finalmente ha rechazado un requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos, partido de extrema derecha, y otro de partido Republicanos, Ambas iniciativas querían declarar inconstitucional el cultivo de cannabis con fines terapéuticos contenido en la ley. El fallo dividido por cinco votos contra tres, desestimó la solicitud impulsada por miembros de la oposición.
Con esta decisión, Chile se une a una lista cada vez mayor de países que permiten el uso del cannabis con fines medicinales, lo que podría tener un impacto significativo en la industria y en la atención médica en el país.
Una de las primeras en reaccionar fue la diputada del Partido Acción Humanista, Ana María Gazmuri, quien ha apoyado durante más de una década la lucha por terminar con la persecución judicial contra los consumidores de cannabis medicinal. Gazmurri es fundadora y directora ejecutiva de Fundación Daya, una organización referente en la promoción del uso de la cannabis medicinal y los derechos de los pacientes.
“Gracias a lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, se hace justicia a esta inmensa comunidad que ha sido injustamente criminalizada y perseguida, a pesar de que este uso medicinal está contemplado en la ley 20000”, comentó Ana María Gazmuri.
La diputada recordó uno de los casos de persecución al consumo de cannabis más emblemático, como es el de Elías Ortega. “Hemos llegado a casos como el de Elías Ortega, quien con receta médica al día, con tres plantas de cannabis cultivadas, con irreprochable conducta anterior, ha sido condenado a cinco años y un día de prisión”, rememoró la diputada.
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