Políticas de drogas, género y privación de la libertad en América Latina

Compartimos la exposición de la investigadora italo-mexicana Corina Giacomello sobre políticas de drogas y género en la octava edición de Expocannabis

El domingo 5 de diciembre en la octava edición de Expocannabis, contamos con la presencia de la Corina Giacomello Profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Corina ha realizado numerosas investigaciones de derecho comparado y cualitativas sobre mujeres en prisión por delitos de drogas, niñas, niños y adolescentes con padres o madres encarcelados, adolescentes en conflicto con la ley, y mujeres en centros de tratamiento forzoso. Desde 2013 ha mantenido una relación constante con Uruguay sobre los temas mencionados.

A continuación compartimos los principales conceptos de su conferencia centrada en las políticas de drogas, el punitivismo y las mujeres en América Latina.

Políticas de drogas y género

Con respecto a las políticas de drogas creo que todos estamos familiarizados con que estas se aplican de manera extremadamente punitiva en América Latina y el Caribe. Se aplica de manera generalizada el uso de la prisión preventiva, penas desproporcionadas y falta de alternativas al encarcelamiento. 

Las políticas de drogas son la primera causa de la crisis penitenciaria que está atravesando la región y eso se ve reflejado en cifras. A nivel mundial entre 2000 y 2021 ha aumentado de 1 al 24 % la población carcelaria, en América Latina y el Caribe ha aumentado un 200% y la principal razón es la aplicación de políticas de drogas punitivas. Esto se vincula con la violencia y desigualdades de género que persisten en la región y que la crisis creada por la pandemia y particularmente las medidas de confinamiento han agudizado.

La salida de las mujeres del mercado de trabajo y la baja participación laboral de las mujeres en empleos formales es parecida de acuerdo a la CEPAL a los números de 2018 y será muy difícil ver una recuperación en corto plazo en este sentido. Por otro lado, la región ocupa los principales lugares de producción y tráfico de sustancias, ofreciendo una cantidad de empleo para mano de obra no especializada, papel que desempeñan las mujeres involucradas en estos delitos que cumplen con el doble rol de proveedoras y cuidadoras. La prisión en la región es utilizada no como último recurso, sino como la principal o exclusiva respuesta del estado frente a la comisión o la presunta comisión de delitos menores no violentos. 

En un estudio realizado en 8 países de América Latina y el Caribe en el que se eligió a Uruguay para formar parte de la muestra, determina que en cada nación el porcentaje de hombres privados por delitos de drogas no supera el 31 %, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje ha sido superado ampliamente en todos los países estudiados. Si bien las mujeres siguen representando un porcentaje muy bajo de  la población carcelaria total, alrededor de un 6,6 % en América Latina, hay una feminización de los delitos de drogas y de su encarcelamiento, de los porcentajes de mujeres acusadas por esos delitos y que reciben prisión preventiva, falta de alternativas al encarcelamiento, pena larga y prolongada. 

Hablar de mujeres en prisión inevitablemente implica hablar de niñas, niños y adolescentes y del impacto diferencial que tiene encarcelar a un padre o a una madre. Las mujeres privadas de libertad son en muchos casos únicas o principales cuidadoras. Cuando mandamos a un hombre a prisión, generalmente hay un conjunto de mujeres que están alrededor, novias, esposas, madres, abuelas, hijas, tías, hermanas, mujeres que irán de visita y cuidaran a sus hijas e hijos. 

Cuando una mujer cae en prisión generalmente no queda nadie y quienes quedan son sus padres, personas que suelen venir de clases sociales muy marginadas, con situaciones de pobreza importantes que se hacen cargo de sus hijas e hijos pero por lo general hay un abandono de la mujer privada de libertad. 

Tratamos de investigar cual es el impacto cualitativo y cuantitativo de las políticas de drogas y del encarcelamiento sobre la niñez, estimamos que hay entre dos 2,3 y 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes con madres o padres encarcelados, de estos alrededor de 20% sufre la criminalización de un referente adulto significativo por políticas de drogas. 

Es importante hablar del impacto en la niñez, porque hablamos de intersección de derechos. La aproximación tradicional del derecho penal únicamente toma en cuenta a la persona que comete el delito, a la sociedad en general y a la víctima directa del delito si es que hay una, en el caso de drogas generalmente no existe tal víctima directa. Lo que no se toma en cuenta es cuales otras personas se ven impactadas por esta respuesta del derecho penal. La pena de prisión nunca es individual, siempre es colectiva pero el derecho penal tradicional no lo ve ni lo toma en cuenta. 

Uruguay y la privación de libertad

Siendo un país Uruguay que es visto en el exterior como un país de derechos, progresista, democrático, con menos desigualdad que muchos otros países de América Latina y el Caribe, es muy difícil entender su tasa de encarcelamiento. Uruguay es el país número 14 del mundo con la tasa de encarcelamiento más alta (número de personas encarceladas cada 100 mil habitantes). La tasa promedio es de 140 personas cada 100 mil habitantes y Uruguay tiene 383. Del 2010 al 2020 el porcentaje de mujeres encarceladas ha oscilado entre el 5,4 y el 7,9 %. Hay un informe del Comisionado Parlamentario de Uruguay que se enfoca en mujeres privadas de libertad con hijas e hijos, de setiembre de 2020 a setiembre de 2021 la población carcelaria se incrementó un 9%, el número de mujeres privadas de libertad en ese lapso fue de 26%. Los delitos de micro tráfico y particularmente el endurecimiento de las penas por pasta base y la falta de acceso a medidas alternativas es la principal causa de este aumento de mujeres en prisión.

Cuando cruzamos las puertas de las cárceles y hablamos con las mujeres, por supuesto que cada historia es única pero podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar la historia de violencia, una violencia que empieza desde la niñez, se torna violencia de género hacia su adolescencia y se ve reproducida a lo largo de sus vidas en el contacto con el Estado. A pesar de ello, no tienen un lugar propio en el funcionamiento del derecho penal, en la imposición de las penas y en el estudio de medidas alternativas. 

Otro elemento en común es la pobreza y la exclusión social, seguimos criminalizando a los pobres, algo conocido y repetido pero eso sigue siendo la prisión un depósito para la pobreza. Mujeres que se involucran en delitos relacionados por drogas a través de relaciones familiares o de pareja, por ende los roles de género, particularmente el rol de cuidadora y proveedora, desempeña un papel importante en los roles que desempeñan las mujeres que generalmente se encuentran en los lugares más bajos de las cadenas delictivas, sujetos desechables y desechadas por sus parejas, por las organizaciones criminales y por el Estado.

Son mujeres que tienen contacto directo con la sustancia, es muy fácil mandarlas a prisión, necesitan el trabajo, nadie las necesita más que sus hijas e hijos y familiares que tampoco le importan al estado, entonces son carnes de cañon para esos canales de involucramiento donde tiene lugar la violencia aprendida, la familia, las parejas y su rol de jefa de hogar proveedora. 

El uso de sustancias desempeña un rol cuando hablamos de mujeres usuarias que se involucran en pequeñas ventas, los roles de género que intervienen en cómo se da este uso y el uso de sustancias como algo que a la hora de ser dependiente o problemático no encuentra una respuesta en el sistema penitenciario, en lugar de ayudarte te mando a la cárcel. 

La maternidad y la cárcel

Desempeña un rol importantísimo en las vivencias de las mujeres y en los impactos en estos cruces de derechos, invisibles para el derecho penal, invisibles para las políticas de drogas pero absolutamente concreto para las niñas, niños y adolescentes y las familias involucradas.

No se puede hablar de la población privada de libertad sin incluir ese pilar que son los derechos de niñas, niños y adolescentes y el interés superior de la niñez como eje transversal que debería cruzar la intervención del derecho penal en cumplimiento con la Convención de Derechos del niño. Luego está la triple condena, por la presunta o real comisión del delito, la condena agravada por la aplicación de políticas de drogas y está triple condena por razón de género que se convierte en abandono, en una maternidad suspendida o en prisión y a la hora de salir de la cárcel, esa condena de género y deterioro progresivo del capital social.

La discriminación de las mujeres en el derecho penal se da en distintos ámbitos: es el diseño legislativo, es el proceso, la detención, una mayor exposición a tortura y violencia en la detención, un uso mayor del recurso de prisión preventiva en caso de mujeres, hay datos duros que lo comprueban como en términos porcentuales las mujeres están más y por más tiempo en prisión preventiva y tiene que ver con el acceso a una defensa adecuada, por el hecho de que las mujeres son pagadoras, esto es, están en la cárcel por delitos que cometieron otros o porque se hacen cargo de los delitos de otros. Una falta de acceso a alternativas a los encarcelamientos y luego las condiciones de privación de libertad que no tienen garantía humana tanto para hombres como para mujeres y más aún para las hijas y los hijos que viven con ellas que no son considerados sujetos de derechos  

Hay toda una serie de herramientas que se han construido para abordar este tema, como las reglas de Bangkok de Naciones Unidas para mujeres privadas de la libertad, Ungass 2016 incluyó alternativas para el encarcelamiento en caso de mujeres madres, son algunas de las ideas y estudios a disposición de los gobiernos de cualquier parte del mundo. Lo que no vemos todavía y me atrevo a decir en ningún país es que esos discursos, esas propuestas, esas narrativas tengan un impacto directo en la vida de las mujeres de sus familias en las políticas de drogas y de sus hijas e hijos. 

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